Contra la evidencia, poco se puede argumentar. La mano tendida por el papa Bergoglio a la Fraternidad San Pío X es la misma que cae en estos días sobre la Orden de Malta y sobre los Franciscanos de la Inmaculada.
El asunto de la Orden de Malta ha concluido con la rendición incondicional del Gran Maestre y la vuelta al poder de Albrecht von Boeslager y del poderoso grupo alemán al que representa.
Riccardo Cascioli resume la cuestión en estos términos en La Nuova Bussola quotidiana: El responsable de la deriva moral de la Orden ha sido rehabilitado, y han despedido a quien intentó pararle los pies.
Lo sucedido supone un desprecio total a la soberanía de la Orden, como se desprende de la carta dirigida el pasado 25 de enero por el secretario de estado vaticano Pietro Parolin a los miembros del Soberano Consejo en nombre del Santo Padre, con el que la Santa Sede ha intervenido de hecho a la Orden.
Sería lógico que los otros cien estados que mantienen relaciones diplomáticas con la Orden de Malta retirasen a sus embajadores, dado que pueden mantener relaciones directas con el Vaticano, del cual ya depende totalmente la Orden.
El desprecio que manifiesta el papa Francisco por la ley se extiende del derecho internacional al derecho civil italiano.
Un decreto de la Congregación de la Congregación de los Religiosos,i con la aprobación del Papa, impone al padre Stefano Maria Manelli, superior de los Franciscanos de la Inmaculada, la prohibición de dirigirse a los medios informativos o hablar en público, así como de participar en toda iniciativa o encuentro. Y sobre todo, «devolver en el plazo de 15 días a contar de la recepción del presente decreto el patrimonio económico administrado por asociaciones civiles y cualquier otra cantidad a su disposición de cada uno de los institutos». Es decir, devolver a la Congregación de los Religiosos los bienes patrimoniales de los que, como ha confirmado el Tribunal de Apelación de Avellino, el padre Manelli no puede disponer porque pertenecen a asociaciones legalmente reconocidas por el Estado italiano.
«En 2017, en la Iglesia de la Misericordia», comenta Marco Tosatti, «sólo faltan tormentos como la garrucha y la máscara de hierro para que el catálogo esté completo».
Por si fuera poco, monseñor Ramon C. Argüelles, arzobispo de Lipa (Filipinas), ha tenido noticia de su destitución por un comunicado de la Sala de Prensa Vaticana.
Se desconocen los motivos de tal medida, pero se pueden intuir: monseñor Argüelles ha reconocido canónicamente una asociación que agrupa a ex seminaristas de los Franciscanos de la Inmaculada que han abandonado la orden a fin de poder estudiar y prepararse para el sacerdocio con plena libertad e independencia. Se trata de una culpa, por todo lo que se ve, imperdonable.
Surge la pregunta de si no será Francisco un papa violento, si entendemos bien el sentido de la palabra. La violencia no es la fuerza ejercida de modo cruento, sino la fuerza aplicada de manera ilegítima, menospreciando el derecho, con vistas a alcanzar los propios fines.
El deseo de monseñor Bernard Fellay de regularizar la situación canónica de la Fraternidad San Pío X mediante un acuerdo que no perjudique en modo alguno la identidad de su instituto es ciertamente admirable, pero cabe preguntarse: ¿es oportuno colocarse bajo la tutela jurídica de Roma precisamente en el momento en que se desprecia el derecho, o incluso se lo utiliza como un medio para reprimir a quien quiere ser fiel a la fe y a la moral católicas?
Roberto de Mattei
(Traducido por J.E.F)
