Decir que la Iglesia española se ha mostrado tímida ante el anuncio del Gobierno de exhumar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos es quedarse muy corto. Las leves objeciones de la jerarquía apuntan -no sin razón- a lo ilegítimo de desenterrar así un cadáver, sin permiso o consentimiento de sus familiares. Pero debería tener razones más profundas para alzar la voz contra esta nueva y absurda arbitrariedad del Gobierno, y no es otra que el hecho de que los creyentes, y muy especialmente el clero, tiene una deuda de gratitud con Franco.
Un católico puede adscribirse a muchas líneas ideológicas y banderías en política -no a todas-, y así puede perfectamente ver el levantamiento militar del 18 de julio como un ilegítimo golpe de Estado contra la autoridad de la República. Pero la Iglesia no puede verlo igual, como no lo veían igual los católicos del 36, sencillamente porque su misma condición de creyente era causa suficiente para ser represaliado, encarcelado o asesinado. Un liberal, digamos, podía elegir un bando; al católico, no digamos al cura, al fraile o a la monja, se lo elegían sus feroces enemigos.
Para la Iglesia no fue cuestión de opiniones, sino de mera supervivencia, y la supervivencia es la ley suprema.
Las víctimas eclesiásticas de la persecución religiosa de principio a fin de la guerra, incluyendo los sacerdotes, religiosos y seminaristas muertos durante la Revolución de Octubre de 1934, ascienden a una cifra cercana a las 6.800. De las cuales 4.184 pertenecían al clero secular, con doce obispos, un administrador apostólico y los seminaristas; 2.365 eran religiosos y 283 religiosas.Pero la represión religiosa no empezó, ni mucho menos, con la Guerra Civil, sino con la misma República, y ya fue denunciada ante el mundo entero por el papa Pío XI y por el Episcopado Español, que presidía el cardenal Vidal y Barraquer.
Durante la contienda, la persecución fue abierta y a sangre y fuego, con voluntad de exterminio, confesada abiertamente por sus perpetradores en toda ocasión, obra de grupos revolucionarios socialistas, comunistas y anarquistas, que detentaban el poder real en distintas zonas, con mayor o menor complacencia de las autoridades. Y fue claramente persecución religiosa, porque no se persiguió nunca en el campo religioso por actuaciones concretas o por declaraciones políticas, sino para extirpar la Iglesia, consumando un plan que venía de tiempo atrás, desde la Semana Trágica y los tiempos de Ferrer.
La Iglesia universal se hizo eco de esta realidad cuando proclamó el levantamiento como Santa Cruzada de Liberación e incluso, mucho tiempo después, hasta nuestros días, ha seguido canonizando a sacerdotes, religiosos y laicos asesinados entonces como mártires de la fe.
Por ello el 1 de julio de 1937 los obispos firmaron una Carta Colectiva dirigida a sus colegas de la Iglesia universal en apoyo de las tropas nacionales, recordando que la Iglesia jerárquica no provocó la guerra, ni conspiró para ella, sino que recibieron la llegada de la República como régimen legítimo.
“La Iglesia -se afirma en la carta-, a pesar de su espíritu de paz, y de no haber querido la guerra ni haber colaborado en ella, no podía ser indiferente en la lucha: se lo impedía su doctrina y su espíritu, el sentido de conservación y la experiencia de Rusia. De una parte se suprimía a Dios, cuya obra ha de realizar la Iglesia en el mundo, y se causaba a la misma un daño inmenso, en personas, cosas y derechos, como tal vez no la haya sufrido institución alguna en la historia; de la otra, cualesquiera que fuesen los humanos defectos, estaba el esfuerzo por la conservación del viejo espíritu, español y cristiano”.Y:
“Hoy, por hoy, no hay en España más esperanza para reconquistar la justicia y la paz y los bienes que de ellas derivan, que el triunfo del movimiento nacional. Tal vez hoy menos que en los comienzos de la guerra, porque el bando contrario, a pesar de todos los esfuerzos de sus hombres de gobierno, no ofrece garantías de estabilidad política y social”.
Carlos Esteban
