El Papa Francisco sigue gozando de una gran popularidad por parte de la opinión pública mundial. Pero el clima hacia la Iglesia católica es mucho más hostil. Aumentan los ataques guiados por gobiernos e instituciones públicas contra lo que más la distingue y la identifica en su propio terreno, como es, entre otros, el sacramento de la confesión.
En Australia, en el territorio de la capital, Canberra, el secreto de confesión es, desde el mes de junio pasado, perseguibile como reato si el sacerdote viene a saber, mientras administra el sacramento, de un abuso sexual sobre menores y no lo denuncia a las autoridades públicas.
La ley ha sido aprobada por todos los partidos en aplicación de una de las 85 recomendaciones de la Royal Commission, encargada por el gobierno australiano de investigar los abusos sexuales sobre menores.
Los obispos de Australia han reaccionado defendiendo la inviolabilidad del secreto de confesión, cuya transformación en reato pone en riesgo la libertad religiosa.
Pero el primer ministro de Nueva Gales del Sur, uno de los seis estados que forman la federación australiana, ya ha pedido que la ley sea debatida y aprobada a nivel federal, haciendo que sea válida para todo el país.
En la India, a finales de julio, la Comisión nacional para las mujeres ha recomendado al gobierno de Nueva Delhi poner fuera de la ley el sacramento de la confesión en todo el país, con el fin de evitar los “chantajes” que los sacerdotes podrían hacer a las mujeres.
La Comisión es una agencia del gobierno central encargada de formular políticas y planes de acción en favor de las mujeres de la India. Su presidenta, Rekha Sharma, ha motivado la petición haciendo referencia a dos casos recientes de abusos sucedidos en Punjab y en Kerala.
El primer caso implica al obispo de Jalandhar, Franco Mulakkal, acusado de haber violado a una monja entre 2014 y 2016. El segundo concierne a cinco sacerdotes de la Iglesia siro-ortodoxa malankara, sospechosos de haber obligado a una mujer a tener relaciones sexuales con ellos, amenazándola con revelar a su marido una precedente relación extraconyugal dicha en confesión.
El consejo de los obispos católicos de Kerala ha tachado como “inconstitucional” la petición de la comisión. Y el cardenal de Mumbai Oswald Gracias, presidente de la conferencia episcopal de la India y miembro del "C9", el consejo de los nueve cardenales que coadyuvan al Papa Francisco en el gobierno de la Iglesia universal, ha acusado a la comisión de “ignorar totalmente la naturaleza, el significado, la santidad y la importancia del sacramento de la confesión para nuestro pueblo” y de no tener respeto alguno por la libertad religiosa, “garantizada por la constitución india”.
Pero los casos de Australia y de la India no son los primeros ni los únicos en los que el sacramento de la confesión ha sido atacado.
Ya en 2011, en una Irlanda sacudida por la explosión de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes católicos, el entonces primer ministro Enda Kenny declaró que “los sacerdotes deberían tener la obligación de denunciar los casos de abusos de los que han tenido conocimiento en el sacramento de la confesión".
Y en 2014, el Comité de la ONU para la convención sobre los derechos del niño –que evalúa cómo se aplican las convenciones firmadas por los Estados que adhieren, entre ellos la Ciudad del Vaticano–, criticó públicamente “el código de silencio” que impide, “so pena la excomunión”, a los miembros del clero católico denunciar a las autoridades los abusos de los que llegan a conocimiento en la confesión. El Comité llegó a exigir a la Iglesia la adecuación de su código de derecho canónico a esta petición, sin distinguirlo de las leyes del Estado de la Ciudad del Vaticano.
En esa ocasión, la Santa Sede presentó al Comité de la ONU un informe sobre cómo aplicaba las normas en defensa de los niños. La presentación del informe no es obligatoria y desde entonces la Santa Sede la ha evitado, también para no dar ocasión al Comité -al examinar y comentar el informe- de renovar sus presiones para la abolición del secreto sacramental.
Y esto no es todo. En Chile, los magistrados que están investigando los abusos sexuales perpetrados por obispos y sacerdotes, y que ya han llamado a testificar, entre otros, al arzobispo de Santiago, el cardenal Ricardo Ezzati Andrello, están valorando si interrogar también al Papa Francisco en persona, basándose en los reatos –como la destrucción de archivos comprometedores– que él denunció en la carta que dirigió el pasado mes de mayo a los obispos chilenos.
La idea de llamar al Papa a testificar no es nueva. En 2010, dos organizaciones americanas que se ocuparon de las víctimas de los abusos sexuales perpetrados por sacerdote habían enviado al tribunal internacional de La Haya una petición para llamar a testificar al Papa, que entonces era Benedicto XVI.
La petición no tuvo seguimiento, también por el simple hecho que el Papa es un jefe de Estado. Pero tuvo un notable impacto mediático, como puede tener en Chile.
Es uno de los muchos modos como la Iglesia está siendo atacada actualmente por parte de los poderes del mundo, sobre la base de criterios que son ajenas a ella, o adversos.
Otro de estos ataques es la pretensión que las mujeres tienen “derechos iguales” y que, por consiguiente, deben ser “ordenadas” para formar parte de la jerarquía de la Iglesia.
O también la pretensión que tienen las autoridades políticas de nombrar a los obispos. Una pretensión contra la que ha combatido la Iglesia durante siglos para liberarse. Salvo que ahora, de nuevo, corre el riesgo de ceder, precisamente sobre este punto crucial, a esa nueva superpotencia mundana que se llama China.
Sandro Magister
