Después de Pensilvania, el próximo estado de la Unión en investigar con un gran jurado la resposabilidad de la jerarquía católica en el encubrimiento de casos de abusos a menores por parte de clérigos podría ser Nueva York, según declaraciones de la fiscal general del Estado, Bárbara Underwood, a Church Militant.
En el estado de Nueva York hay ocho diócesis, entre ellas la de la ciudad de Nueva York, con 7,3 millones de católicos, y a juzgar por las investigaciones de Joseph Sciambra, especialista en la infiltración de homosexuales en la jerarquía católica, los hallazgos podrían ser mucho más incriminadores y vastos que en el estado vecino.
La bola ha empezado a rodar, y ya es imposible saber cuándo o dónde parará. Si se suma Nueva York, no hay razón para que no lo hagan otros estados, quizá los cincuenta, o incluso propiciar una investigación federal, que es lo que está sucediendo en Chile.
Pero en Estados Unidos hay una posibilidad muy real de que el fiscal general, Jeff Sessions, invoque la ley RICO (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas) para iniciar su investigación. RICO fue aprobada en 1970 para luchar contra la mafia, y tiene como objetivo combatir el crimen organizado. Algo así supondría iniciar acciones contra la Iglesia como corporación cuyas consecuencias podrían llegar al propio Vaticano.
De iniciarse, es prácticamente seguro que el flujo de ingresos fiscales dirigidos a la Conferencia Episcopal de Estados Unidos se paralizaría, lo que no dejaría de tener un efecto económico inmediato en la Iglesia universal. Solo desde el punto de vista financiero, sería una debacle, y su efecto sería casi instantáneo.
El mensaje del Papa, recién conocido hoy, no va a detener esta marea. Las palabras, el ‘dolor’ y la ‘vergüenza’ -sin una sola referencia a la castidad o a la homosexualidad, diluyendo en un ‘todos’ genérico la responsabilidad y, sobre todo, sin el anuncio de una sola destitución- ya no bastan ni a los propios fieles. Palabras, palabras, palabras.
Palabras que se compatibilizan con una Comisión de Protección de la Infancia que se ha dejado inoperativa y ha sido incapaz de reaccionar a denuncias ciertas, contra Barros o McCarrick; con la permanencia en el consejo privado del Papa, el todopoderoso C9, de Maradiaga -que ha cargado contra los seminaristas que denuncian abusos homosexuales en el seminario mayor de Tegucigalpa- y Errázuriz, convocado por el propio ministerio fiscal de su país, Chile; con Monseñor Ricca a cargo de las finanzas del Vaticano y Coccopalmerio aún con su capelo cardenalicio; con Farrell presidiendo el dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida; con la no aceptación de la renunciar de Wuerl; con la invitación al jesuita homosexualista padre James Martin como participantes estrella en el Encuentro Mundial de las Familias…
Un ‘contagio legal’ de Estados Unidos, de aplicarse contra la jerarquía eclesiástica americana la ley RICO, podría llevar a otros países a iniciar investigaciones similares que podrían convertir a la Iglesia en un paria internacional e incluso poner en peligro la soberanía misma del Estado Vaticano.
Carlos Esteban
