La homosexualidad en el clero no tiene ninguna relación con la plaga de abusos sexuales entre sacerdotes y religiosos. Lo hemos oído centenares de veces, repetido por adalides de las tesis LGBT como el omnipresente jesuita padre James Martin, asesor vaticano de comunicaciones. Es, incluso, la versión oficial de la jerarquía, que lo ha afirmado explícitamente en algunos casos, como el del cardenal Blase Cupich, Arzobispo de Chicago, o implícitamente por el propio Santo Padre cuando en referencia a los escándalos ignora por completo este aspecto y busca la explicación en un ‘clericalismo’ de difícil definición.
La base de esta, para muchos, negación de la evidencia se basa en una serie de estudios en profundidad llevados a cabo a raíz de la primera gran ola de escándalos de encubrimiento de abusos clericales en 2002, especialmente, el Informe John Jay de 2004, que se replicó de nuevo en 2011.
Pero el sociólogo Padre Paul Sullins ha realizado un reciente estudio para el Ruth Institute que sí advierte un nexo evidente entre la creciente homosexualización del clero a lo largo de las últimas décadas y el aumento de los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes y religiosos.
La tesis central del informe es que la proporción de varones homosexuales en el sacerdocio pasó de ser el doble del de la población general en los años cincuenta a alcanzar ocho veces más en los ochenta, una tendencia que guarda una evidente correlación con el aumento de los casos de abusos. Además, los sacerdotes ordenados en los años sesenta que advertían la existencia de una subcultura homosexual en los seminarios representaban un 25%, llegando a un 50% entre los ordenados en los ochenta.
Sullins, en una entrevista concedida al National Catholic Register, no disputa los hallazgos del John Jay College, sino el razonamiento que llevó a los autores del estudio a negar esta relación. El Informe John Jay de 2011 la rechazaba porque la tendencia de abuso no se correspondía con la tendencia de homosexualización de los seminarios.
El problema metodológico, señala Sullins, es que el porcentaje de sacerdotes ordenados cada año apenas afecta a la población general de sacerdotes, rondando apenas el uno por ciento. Así que aun en el caso de que todos los ordenados en un año concreto fueran homosexuales o de que todos fuera heterosexuales, apenas afectarían a la proporción de sacerdotes de una u otra orientación sexual en activo. Lo que hay que observar, señala Sullins, es la cantidad de sacerdotes homosexuales en activo en cada año estudiado, hayan sido o no ordenados recientemente. Y eso es lo que hace este estudio, logrando una casi perfecta correlación entre el aumento en la proporción de homosexuales en el sacerdocio con la incidencia de abusos, de 0’98 (La correlación absoluta es 1).
Sullins pone mucho cuidado en advertir que este estudio no pretende en absoluto sugerir que la mayoría, mucho menos todos, los sacerdotes con atracción hacia otros varones abusen o siquiera tengan tendencia a abusar de menores. Se limita a reconocer lo que parecen sugerir los datos, es decir, que la incidencia de abusos es mayor dentro de la población clerical con tendencias homosexuales.
Hay, sin embargo, una fuerte resistencia entre la jerarquía católica, y especialmente la norteamericana, a hacer referencia a alguna a este ‘elefante en la sala de estar’, y los informes John Jay les han proporcionado hasta ahora una magnífica excusa ‘académica’ para no tener que hacer frente a un problema que es evidente para el resto del mundo.
El propio informe de 2011 que negaba toda correlación admitía, al mismo tiempo, que más del 80% de las víctimas conocidas de abusos eran varones, y que el 78% no eran ‘niños’, sino menores que habían pasado la pubertad.
Sullins, en una entrevista concedida al National Catholic Register, no disputa los hallazgos del John Jay College, sino el razonamiento que llevó a los autores del estudio a negar esta relación. El Informe John Jay de 2011 la rechazaba porque la tendencia de abuso no se correspondía con la tendencia de homosexualización de los seminarios.
El problema metodológico, señala Sullins, es que el porcentaje de sacerdotes ordenados cada año apenas afecta a la población general de sacerdotes, rondando apenas el uno por ciento. Así que aun en el caso de que todos los ordenados en un año concreto fueran homosexuales o de que todos fuera heterosexuales, apenas afectarían a la proporción de sacerdotes de una u otra orientación sexual en activo. Lo que hay que observar, señala Sullins, es la cantidad de sacerdotes homosexuales en activo en cada año estudiado, hayan sido o no ordenados recientemente. Y eso es lo que hace este estudio, logrando una casi perfecta correlación entre el aumento en la proporción de homosexuales en el sacerdocio con la incidencia de abusos, de 0’98 (La correlación absoluta es 1).
Sullins pone mucho cuidado en advertir que este estudio no pretende en absoluto sugerir que la mayoría, mucho menos todos, los sacerdotes con atracción hacia otros varones abusen o siquiera tengan tendencia a abusar de menores. Se limita a reconocer lo que parecen sugerir los datos, es decir, que la incidencia de abusos es mayor dentro de la población clerical con tendencias homosexuales.
Hay, sin embargo, una fuerte resistencia entre la jerarquía católica, y especialmente la norteamericana, a hacer referencia a alguna a este ‘elefante en la sala de estar’, y los informes John Jay les han proporcionado hasta ahora una magnífica excusa ‘académica’ para no tener que hacer frente a un problema que es evidente para el resto del mundo.
El propio informe de 2011 que negaba toda correlación admitía, al mismo tiempo, que más del 80% de las víctimas conocidas de abusos eran varones, y que el 78% no eran ‘niños’, sino menores que habían pasado la pubertad.
Carlos Esteban
