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Seis víctimas han interpuesto una demanda colectiva contra el Vaticano y el episcopado de Estados Unidos y, lo que es más peligroso, invocan en su escrito la ley diseñada para luchar contra el crimen organizado, conocida como RICO.
Seis víctimas de abusos sexuales acaecidos cuando eran menores de edad presentaron el pasado día 13 una demanda civil contra la Conferencia Episcopal de Estados Unidos (USCCB) y la Santa Sede en nombre propio y de otras víctimas. Los demandantes se querellan contra el Vaticano tanto en su calidad de Estado extranjero como en su condición de “organización no incorporada” y como “cabeza de una organización religiosa internacional”.
La denuncia, presentada en Minnesota, alega que la USCCB ocultó “al público, a sus feligreses y a la justicia los casos e identidades conocidas de clérigos acusados de abusar sexualmente de niños por todo el país”.
“Este caso -puede leerse en la demanda- trata de la violación y el abuso sexual endémico, sistemático, rampante y continuado de los demandantes perpetrados por cardenales, obispos, monseñores, sacerdotes, monjas, líderes laicos, miembros de órdenes católicas, educadores… mientras servían en el ministerio activo, con conocimiento de los demandados”.
La reacción del Vaticano y de la USCCB reunida en asamblea la semana pasada ha sido, como hemos contado en estas páginas, diluir responsabilidades y poner sordina en la petición universal de responsabilidades, pero es probable que esta vez la estrategia de la inacción y el silencio no sea suficiente para detener la marea. De hecho, la propia orden vaticana a la asamblea plenaria de no votar medidas contra los abusos podría haber dejado a los obispos a los pies de los caballos en lo que se refiere a la justicia secular.
En efecto, al someterse a la orden perentoria, los obispos dan a entender que deben dar cuenta a la Santa Sede de cuestiones operativas locales relativas a la política de abusos a menores. Esa admisión tendrá, con toda probabilidad, consecuencias imprevisibles en futuros litigios con el Estado Vaticano, porque permiten a los demandantes alegar que los obispos siguen en esto órdenes de Roma, es decir, que hay una línea de responsabilidad.
Más peligrosa aún es la posibilidad de que las autoridades echen mano de la ley RICO, aprobada para combatir a la mafia y otras organizaciones criminales, en los casos de abuso. La Iglesia institucional al completo podría ser juzgada responsable subsidiaria en los casos de abusos, lo que iniciaría una reacción en cadena de incalculables consecuencias.
La posibilidad de que la Iglesia -en América y en el mundo entero- se vea obligada a pagar gigantescas cantidades en concepto de indemnización a las víctimas de abusos se plantea en el mismo momento en que grandes fundaciones de ayuda a la Iglesia como Legatus están tomando la decisión de interrumpir sus donaciones mientras no se aclare la responsabilidad de los abusos y cuando los feligreses empiezan a plantearse castigar la opacidad de sus obispos cerrando sus bolsillos a las colectas eclesiales.
