“Es el Papa”, es la sencilla respuesta unánime ante la más leve crítica a alguna de las actuaciones o declaraciones de Francisco, olvidando que todos los anteriores eran, al menos, igual de Papas, e hicieron declaraciones marcadamente distintas en asuntos como la política migratoria.
“Es responsabilidad de las autoridades públicas ejercer el control de los flujos migratorios considerando las exigencias del bien común”.
¿Otra vez Salvini o alguno de sus miñones de la Liga defendiendo sus políticas contrarias al Evangelio, como no nos cansamos de oír desde todos los frentes eclesiales? ¿De quién son estas declaraciones desprovistas de misericordia y contrarias a lo que Su Santidad defiende con más ardor, celo y frecuencia que ningún punto de doctrina? Juan Pablo II o, por ser más precisos, San Juan Pablo II, que sigue:
“La acogida debe realizarse siempre en el respeto a las leyes y, por tanto, conjugarse, cuando sea necesario, con la firme represión de los abusos”.¿Represión de los abusos? ¿Algo así como la detención de la activista alemana Carola Rackete por forzar el desembarco en el puerto de Lampedusa de ilegales recogidos -decir ‘rescatados’ es ya un sarcasmo intolerable- frente a las costas libias, pese a las advertencias constantes de las autoridades?
Uno de los aspectos más curiosos de esta insistencia unánime de la jerarquía eclesial hoy sobre la inmoralidad de controles y fronteras y de la obligatoriedad estatal de la acogida a cuantos aparezcan a las puertas de un país, no importa en qué número o condición, no es meramente que, incluso si fuera justa, resulta extrañamente machacona en detrimento de muchos otros capítulos de la doctrina, cada vez más cuestionados o ignorados, ni tampoco que planteen como un bien positivo tener que dejar la propia tierra y ponerse en manos de mafias para emprender una azarosa odisea, ni que cualquiera con dos dedos de frente sea capaz de prever el caos a que llevaría la apertura sin control de las fronteras, no: lo más sorprendente es que esta ‘novedosa doctrina’ haya sido no solo unánimente ignorada durante dos mil años de historia de la Iglesia, sino incluso contradicha por diversos autores y, sobre todo, por los dos Papas anteriores.
Uno podría parafrasear en redes sociales la declaración papal con que abrimos este texto y podría encontrarse con un anatema informal de alguno de los ‘francisquistas de guardia’, como el padre Antonio Spadaro, director del órgano jesuita La Civiltà Cattolica.
Tampoco su sucesor, aún entre nosotros, el Papa emérito Benedicto XVI, adoptaba en este asunto una postura que podríamos calificar de más cercana a las tesis del Gobierno italiano que a las de Su Santidad.
“En el contexto socioplítico actual, antes incluso del derecho a emigrar, viene reafirmado el derecho a no emigrar, es decir, a estar en condiciones de permanecer en la propia tierra”.
Un aspecto de todo este asunto del que nunca tratan las diatribas eclesiásticas sobre la migración, a pesar de las frecuentes quejas de los prelados africanos, que ven cómo sus países pierden su población más dinámica y joven.
“El camino de la integración -señalaba un Benedicto XVI que hoy mantiene un obstinado silencio sobre este y muchos otros asuntos- comprende derechos y deberes, atención para que los migrantes tengan una vida decorosa, pero también atención por parte de los migrantes hacia los valores que ofrece la sociedad en la que sen insertan”¿Cómo, entonces, puede afirmarse con la autoridad del Evangelio que el Gobierno italiano no puede contar con el respaldo de un cristiano cuando defiende la integridad de las fronteras y se opone a la inmigración ilegal?
De acuerdo, Francisco es el Papa, pero, ¿qué eran Juan Pablo II y Benedicto? ¿O va a cambiar la jerarquía eclesiástica sus prioridades pastorales al capricho de cada pontífice, convirtiendo sus opiniones personales en dogma, como si en lugar de ser la Roca, la Esposa de Cristo, fuera la Iglesia un club social o un partido político?
Carlos Esteban
