La histérica reacción gubernamental a la objeción de conciencia simbolizada en el «pin parental», reclamando una adhesión sin fisuras a la ingeniería de cuerpos y almas, al nuevo hombre corporativo diseñado desde una dictadura educativa alojada en una democracia formal, y activando la judicialización de la acción política, conmina con destruir la familia con el único propósito de cancelar este espacio de libertad que de otro modo escaparía a su férrea vigilancia.
La concepción moral del Estado, por medio de la supremacía moral otorgada a la Ley sobre el Derecho, está provocando una indignación justificada en buena parte de la sociedad. El reconocimiento legal de la indiferenciación sexual causará un daño inconmensurable difícil de reparar en futuras generaciones. El prometeísmo de la ley, su instrumentalización al servicio del poder o su utilización para instaurar la moralidad pública, nos lleva a un nuevo sistema de creencias, sustentando por blasfemos creyentes que pretenden definir el sentido de la existencia humana desde la subordinación de la persona a un nuevo orden estatal. El cambio de mentalidad pretendido a través de la educación sólo podrá tener éxito cuando los hijos, adoctrinados por el Estado, se conviertan no ya en extranjeros al mundo de sus padres sino en verdaderos parricidas, quedando al fin libres de cualquier hipoteca opresiva basada en la autoridad y en las costumbres.
La acción disolvente que sobre la familia está creando el nuevo gobierno, donde se prioriza la salvaguardia de las libertades individuales y la coordinación de derechos, responde a una concepción roussoniana que ve al hombre naturalmente inocente, y a su obrar, tanto mejores cuanto más cerca estén de una espontaneidad sin influencias o bajo el estricto sometimiento de un Estado-gendarme donde la concreción del poder se establece a través de leyes optimizadoras de un pensamiento que deviene mera ideología.
La concepción moral del Estado, por medio de la supremacía moral otorgada a la Ley sobre el Derecho, está provocando una indignación justificada en buena parte de la sociedad. El reconocimiento legal de la indiferenciación sexual causará un daño inconmensurable difícil de reparar en futuras generaciones. El prometeísmo de la ley, su instrumentalización al servicio del poder o su utilización para instaurar la moralidad pública, nos lleva a un nuevo sistema de creencias, sustentando por blasfemos creyentes que pretenden definir el sentido de la existencia humana desde la subordinación de la persona a un nuevo orden estatal. El cambio de mentalidad pretendido a través de la educación sólo podrá tener éxito cuando los hijos, adoctrinados por el Estado, se conviertan no ya en extranjeros al mundo de sus padres sino en verdaderos parricidas, quedando al fin libres de cualquier hipoteca opresiva basada en la autoridad y en las costumbres.
La acción disolvente que sobre la familia está creando el nuevo gobierno, donde se prioriza la salvaguardia de las libertades individuales y la coordinación de derechos, responde a una concepción roussoniana que ve al hombre naturalmente inocente, y a su obrar, tanto mejores cuanto más cerca estén de una espontaneidad sin influencias o bajo el estricto sometimiento de un Estado-gendarme donde la concreción del poder se establece a través de leyes optimizadoras de un pensamiento que deviene mera ideología.
El estatismo que todo lo impregna espolea el sano juicio frente a la barbarie: nadie renunciaría a la influencia educativa y moral sobre sus hijos, ni abandonaría a éstos a cualquier influjo de un pensamiento único que determine la educación de los niños.
El odio a la naturaleza humana, el mismo orden del ser que la clase política está empeñada en dilapidar desde las legislaciones y el Estado, el desaforado tránsito antropológico que la sociedad europea padece, nos precipita hacia un positivismo jurídico y un poder absoluto del legislador, donde el individuo está cada vez más aislado y es más controlable desde la fragmentación de la sociedad creada por el legislador.
El odio a la naturaleza humana, el mismo orden del ser que la clase política está empeñada en dilapidar desde las legislaciones y el Estado, el desaforado tránsito antropológico que la sociedad europea padece, nos precipita hacia un positivismo jurídico y un poder absoluto del legislador, donde el individuo está cada vez más aislado y es más controlable desde la fragmentación de la sociedad creada por el legislador.
El fin inevitable es la desontologización de la persona y del sexo, la degradación pertinaz del matrimonio y la familia, la institución más vulnerable y necesaria de la sociedad. Si, como afirma Chesterton, «mientras los hijos sean pequeños siempre tendrán que obedecer a alguien», procuremos que, lejos de someterse a una intencionada finalidad política de deconstrucción de la sociedad y restaurando pacientemente las raíces y los fundamentos antropológicos, esa obediencia recaiga en quienes más amor les procuran desde sus primeros pasos.
Roberto Esteban Duque
