La ley recoge así la recomendación de un informe previo, en el que se alega que en algunos casos los perpetradores de abusos los han declarado en el confesionario sin que esto llevara a su detención, permitiendo al delincuente continuar con sus crímenes.
Por otra parte, el Derecho Canónico prevé la pena de excomunión latae sententiae para cualquier sacerdote que revele cosa alguna oída en confesión. En declaraciones con motivo de la polémica provocada por esta ley, el arzobispo emérito de Melbourne, Denis Hart, aseguró que los sacerdotes preferirían morir antes de revelar lo oído en confesión. “No dudo en asegurar que los sacerdotes protegerán con sus vidas la santidad del secreto de confesión. Sin duda sufrirán prisión antes que violarlo”, declaró en 2011.
El actual ordinario, Peter Comensoli, declaró asimismo en septiembre que él mantendría el secreto de confesión por encima de cualquier ley secular. Añadió que urgiría al penitente a entregarse a la justicia o a volver a contarle su crimen fuera del confesionario.
En circunstancias normales, la ley sería de escasa aplicación. Tratándose de una falta que conlleva cárcel, se rige por los duros criterios de prueba de la ley penal, y es poco probable que se dé el caso. Pero en una sociedad recientemente enardecida por un anticlericalismo ambiental que ha contribuido a la sentencia condenatoria del cardenal Pell basada solo en el testimonio del denunciante y a pesar de las dudas sobre el caso de numerosos juristas, no es imposible que un periodista o un ‘activista’ pudiera ‘confesar’ un delito ficticio y grabarlo para incriminar a algún sacerdote.
Carlos Esteban
