Hace ya cinco días que Carmen Calvo anunció la nueva ley que ha preparado para imponer a los españoles la visión sesgada de la izquierda sobre la Guerra Civil.
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El Gobierno ha filtrado el texto del anteproyecto a dos grupos de izquierdas
He estado esperando estos días a que el anteproyecto de ley se publicase en el BOE o en las webs de La Moncloa o del Ministerio de la Presidencia, pero nada. Hasta el momento, lo único que conocíamos es el resumen de la ley que el Gobierno ha presentado a los medios. Para mi sorpresa, la web “Todos los nombres” del sindicato anarquista CGT y la página de Facebook de la “Asociación Recuperación Memoria Histórica Aranjuez” publicaron lo que parece ser el texto del anteproyecto este miércoles 16 de septiembre (de hecho, el documento de la primera web citada incluye el membrete oficial). Cabe suponer que el Gobierno les ha facilitado el texto del anteproyecto antes de publicarlo en el BOE. Curioso sentido de “lo público”…
El anteproyecto identifica al bando republicano con «la democracia»
Podéis leer el anteproyecto en cuestión pulsando aquí. Su contenido coincide básicamente con los fines autoritarios anunciados por el PSOE. Viene a ser un intento ampliado de reescribir la historia al gusto de la izquierda que provocó y perdió la Guerra Civil Española. Por ejemplo, así es como el texto explica los motivos del estallido de la Guerra Civil:
“Hasta la Constitución de 1978, esos periodos democráticos eran abruptamente interrumpidos por quienes pretendieron alejar a nuestro país de procesos más inclusivos, tolerantes, de igualdad, justicia social y solidaridad. El último de ellos, protagonizado por la Segunda República Española y sus avanzadas reformas políticas y sociales, fue interrumpido por un golpe de Estado apoyado por las potencias fascistas del Eje y una cruenta Guerra Civil que tenía como objetivo poner fin a la democracia y acabar con los demócratas”.
Los hechos y datos que no cuadran con esa visión de la historia
Como vimos ayer, en 1934 el PSOE, junto con los comunistas y anarquistas, dieron un golpe de estado antidemocrático en reacción a la entrada en el Gobierno de ministros de la derecha, que había ganado las elecciones de noviembre de 1933. Antes de la guerra el PSOE ya abogaba por instaurar una dictadura socialista en España, y unos días antes del inicio de la contienda, fuerzas policiales afines al PSOE y a las órdenes del gobierno secuestraron y asesinaron a uno de los líderes de la oposición, el derechista José Calvo Sotelo, un crimen de Estado que muchos historiadores señalan como el hecho detonante del alzamiento del 18 de julio.
Por aquel entonces, mucha gente en España tenía la percepción de que la izquierda pretendía instaurar una dictadura socialista. Como he señalado, el propio PSOE lo anunció sin rodeos. Ya desde 1932 el Partido Comunista venía defendiendo la implantación de una dictadura soviética en España. Tras la victoria del Frente Popular, se desató una brutal ola de violencia política que fue denunciada el 16 de junio de 1936 desde la tribuna de las Cortes por José María Gil Robles, jefe de la CEDA, señalando que desde el 16 de febrero al 15 de junio de 1936, 269 personas fueron asesinadas y 1.287 heridas de diferente gravedad, 160 iglesias fueron destruidas totalmente y 251 templos sufrieron asaltos, incendios, destrozos e intentos de asalto. Muchos de esos crímenes fueron provocados por la propia izquierda.
Así pues, si en julio de 1936 media España se alzó contra la otra mitad fue por miedo a ser exterminada por ésta, como ya había ocurrido 19 años antes en Rusia a causa de la revolución bolchevique. De hecho, la propia izquierda empujó a muchos católicos a apoyar a los alzados al lanzar contra ellos una brutal persecución anticatólica que se saldó con el asesinato de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos, 283 religiosas -muchas de ellas, además, violadas por los izquierdistas- y muchos seglares que fueron llevados al paredón por el mero hecho de ser católicos.
A partir del 18 julio de 1936, la España republicana se convirtió en una dictadura soviética, en la que no había libertad de religión ni de expresión, salvo para aquellos afines a la izquierda. De hecho, esa dictadura soviética que se implantó en media España recibió el apoyo del dictador y genocida comunista Stalin, cuyos agentes en el bando republicano -la mayoría de ellos miembros de la temible NKVD, la versión soviética de la Gestapo- no sólo se encargaron de dirigir la acción de las chekas (los centros de tortura de presos políticos gestionados por socialistas, comunistas y anarquistas) contra católicos y derechistas, sino también contra los comunistas trotskistas del POUM, opuestos a Moscú y cuyo líder, Andreu Nin, fue desollado vivo en una de esas chekas, situada en Alcalá de Henares y controlada por el NKVD. Identificar a esa dictadura soviética con la “democracia” es un brutal acto de cinismo.
El texto omite toda referencia a los crímenes del bando republicano
Pero además de sus manipulaciones para blanquear al bando republicano y presentar la Guerra Civil como una contienda entre demócratas y antidemócratas (cuando en realidad ambos bandos eran abiertamente antidemócratas), lo más llamativo del texto son sus omisiones. He repasado sus 69 páginas y en ellas no aparece ni una sola mención de los crímenes cometidos por el bando republicano ni a las víctimas de esos crímenes. Alguien podría alegar, lógicamente, que no procede detallar hechos concretos en una ley. Es cierto. Pero el caso es que el texto de la Ley Calvo sí menciona, por ejemplo, a las “personas privadas de libertad o que padecieron deportación, trabajos forzosos o internamientos en campos de concentración, colonias penitenciarias militarizadas, dentro o fuera España, por su defensa de la República o por su resistencia al régimen franquista dirigida al restablecimiento de un régimen democrático”.
La ley omite toda mención a los crímenes izquierdistas en esa guerra
Alguien que no conozca los hechos ocurridos en la Guerra Civil Española, y que sólo sepa de ellos lo que pueda leer en ese anteproyecto, sacará la falsa impresión de que en España hubo una guerra en la que un bando era fascista y mató a mucha gente, y el otro bando era demócrata y no cometió ningún abuso. Es la visión manipulada de la historia que viene reiterando la izquierda en general y el PSOE en particular desde hace décadas, y que ya quedó plasmada en la “Ley de Memoria Histórica” de 2007.
Significativamente, la mayor matanza de la Guerra Civil, cometida por la izquierda en Paracuellos, no es mencionada en el anteproyecto, ni ningún otro crimen cometido por miembros de los partidos de izquierda en el bando republicano, incluso contra otros izquierdistas. De hecho, no se reconoce en ninguna parte del texto que la izquierda hubiera hecho nada malo: no hay ni una sola autocrítica, lo cual es insultante para los familiares de los que fueron torturados y asesinados por socialistas, comunistas y anarquistas.
Una ley elaborada por un partido que se vio implicado en muchos de esos crímenes
Es evidente el motivo de esa visión manipuladora de la historia que se aprecia en ese anteproyecto: una considerable parte de los crímenes de guerra cometidos por los republicanos son imputables a miembros del PSOE, incluyendo dirigentes tan relevantes como la diputada y chekista Margarita Nelken, a la que el PSOE ha dedicado 20 calles en otras tantas localidades españolas. La propia masacre de Paracuellos fue perpetrada siendo presidente del Consejo de Ministros el socialista Francisco Largo Caballero, que entre 1932 y 1935 había sido presidente del PSOE y que hoy tiene dos monumentos dedicados a él en Madrid.
Las preguntas que deberíamos hacernos todos los españoles ante una ley como ésta son varias: ¿cómo esperar que sea imparcial un partido que se vio implicado en aquellos crímenes, por los que nunca ha pedido perdón y de los que ni siquiera quiere hablar? ¿Cómo creerse que el PSOE tiene la sincera intención de velar por la “memoria democrática”, si ese partido abogaba por una dictadura socialista durante la Segunda República y ahora gobierna de la mano de comunistas que tienen como referente a un dictador tan brutal como Lenin?
¿Cómo esperar que haga un censo de víctimas de la Guerra Civil -como afirma el anteproyecto- un partido incapaz de contar los muertos de una pandemia en 2020? ¿Y cómo esperar que ese censo sea completo e imparcial cuando muchas de esas víctimas fueron torturadas y asesinadas por miembros del PSOE, y aún hoy ese partido se niega a reconocer aquellos crímenes?
Eso no es una “ley de memoria democrática”: más bien parece una ley para manipular la historia y tapar el pasado criminal y sangriento del PSOE.
Elentir
