España, como el resto de la Iberosfera, lleva décadas soportando que el derecho positivo, es decir, que la simple voluntad del legislador sordo al debate, ciego a la realidad y desmemoriado con la Historia, imponga su voluntad en forma de ley con mínimas posibilidades de defensa constitucional.
Decretazo a decretazo, o mayoría simple a mayoría simple de los partidos del establishment bipartidista con la bien pagada contribución de los nacionalismos separatistas, el Boletín Oficial del Estado ha publicado una miríada de leyes que no soportarían una revisión de un Tribunal Constitucional que trabajara en la defensa del Estado de Derecho y que no fuera una correa de transmisión del poder político. Los ejemplos están en la mente del lector informado: políticas lingüísticas, leyes educativas, aborto, leyes identitarias de género, desmemoria democrática, funcionamiento de la Justicia, discriminaciones ‘positivas’, competencia, fiscalidad, transferencias…
Tan acostumbrados están nuestros gobiernos y partidos tradicionales a mandar a golpe de decreto o a golpe de pacto antinatural entre los que se dicen constitucionalistas y los enemigos de España, que en marzo de 2020, tras un primer amago de colocar al entonces vicepresidente Pablo Iglesias en la Comisión Delegada del Centro Nacional de Inteligencia, lo coló de rondón en el decretazo sobre medidas económicas por la pandemia de coronavirus chino (con perdón). Este desprecio por las instituciones y por las reglas de juego del Estado de Derecho, unido a la mansedumbre de los españoles, dio como resultado una ola de un centímetro de indignación. Apenas un par de artículos aquí y allá, algún comentario cáustico en la radio, alguna zapatiesta en una tertulia no subvencionada y a las ocho, aplausos en los balcones.
Y no habría pasado nada por colar de manera ilegítima e ilegal a Pablo Iglesias y al jefe de Gabinete de Sánchez, Iván Redondo, sin derecho (constitucional) alguno a participar en un grupo que tiene como misión elaborar la Directiva de Inteligencia, es decir, las grandes líneas estratégicas de trabajo del CNI, si no hubiera sido por VOX.
Los diputados de Santiago Abascal fueron los únicos que presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto del Gobierno que colaba a Iglesias y a Redondo en el grupo restringido que decide las líneas de actuación de los agentes de ‘la casa’ en la defensa de los intereses permanentes de España en, pongamos como ejemplo, Venezuela, Túnez, Irak, Croacia y en regiones como Cataluña.
Con su agilidad característica, el Constitucional tumbó ayer la trampa positivista del Gobierno y dio la razón a VOX. Para nuestra desgracia, constatamos de nuevo que el Tribunal Constitucional no atiende lo urgente y la decisión ya no afecta a un fugado Pablo Iglesias que gracias a la desidia del TC ha disfrutado durante estos meses de una cuota ilegítima de poder en el centro de la Inteligencia nacional mientras él se reunía, puño en alto, con lo peor del castrochavismo en Bolivia. No lo olvidemos.
De esta sentencia del Constitucional que da la razón a VOX sólo nos caben dos consuelos. El primero, que anula la incorporación a la Comisión delegada del CNI del estratega de Pedro Sánchez y manda al Gobierno el mensaje, tardío, de que no caben trampas en su política infame de gobernar por decreto.
El segundo consuelo es el de que hay un partido vigilando. Por fin.
