El PSOE dará hoy en el Congreso un nuevo paso para alcanzar el viejo sueño de Largo Caballero de imponer una “dictadura socialista” en España.
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Una ley que suprime la libertad de expresión en torno a los abortorios
Como ya pudisteis leer en mayo en Contando Estrelas, el PSOE pretende saltarse la Constitución para limitar la libertad de expresión de los provida, y quiere hacerlo creando “zonas de seguridad” en torno a los abortorios en las que dejará en suspenso la libertad de expresión de los que no apoyen las tesis abortistas, calificando como un “acoso” el mero hecho de rezar o de informar a las madres embarazadas sobre alternativas al aborto. Una calificación cínica e infame hecha por la misma izquierda que ha apoyado legalizar la apología del terrorismo y la humillación a las víctimas calificándolas de “libertad de expresión”.
A estas alturas resulta bastante obvio que el PSOE tiene vínculos con los negocios abortistas y está dispuesto a impedir que las madres reciban una información distinta a la incompleta y tergiversada que se les ofrece en unos sitios que se lucran liquidando a hijos por nacer, y que por tanto tienen un especial interés en que las madres no sepan la verdad sobre sus pequeños.
Los derechos constitucionales que viola esa Ley Mordaza
Es muy grave que el PSOE llegue al extremo de catalogar legalmente como “acoso” e imponer penas de hasta un año de prisión a los que defiendan ante los abortorios planteamientos opuestos a los de los socialistas. Esto es algo propio de una dictadura, y quienes deberían acabar en prisión son los totalitarios que pretenden imponernos a todos los españoles una Ley Mordaza que viola varios derechos constitucionales: desde la libertad de expresión a la libertad de manifestación, pasando por la libertad ideológica y por el derecho a no ser discriminado por motivos de opinión. Con esta reforma, el PSOE demuestra una vez más que se cree con derecho a violar nuestros derechos y libertades para imponer su ideología, algo propio de un partido totalitario.
La izquierda legalizó los piquetes violentos en marzo
Hay que recordar que en marzo, la izquierda legalizó los piquetes violentos suprimiendo el delito que castigaba las coacciones cometidas por sindicalistas a quienes desean ir a trabajar durante una jornada de huelga. Es decir, que un provida no podrá rezar ante un abortorio, pero un piquete podrá coaccionarte para que hagas huelga, lo cual implica el uso de la violencia. Una vez más, la izquierda impone su ley del embudo, criminalizando cualquier cosa que hagan sus rivales, por muy legítima e inocua que sea, y blanqueando la violencia y el matonismo de sus afines. Es un burdo sectarismo político que se puede empezar a volver, de forma inesperada, contra la propia izquierda.
La ‘puerta trasera’ que deja agenda legislativa del PSOE
En informática se llama “puerta trasera” a una secuencia o acceso oculto que permiten soslayar un sistema informático. A veces se crean de forma deliberada y otras veces por error. Sin darse cuenta, el PSOE ha colado una enorme “puerta trasera” en su agenda legislativa al aprobar ese privilegio penal para los sindicalistas. Para evitar la inconstitucional discriminación legal por motivos de opinión que introduce el PSOE con esa Ley Mordaza, los provida podrían formar sindicatos y declarar huelgas para poder manifestarse ante los abortorios, y de esta forma sí que podrían ejercer su derecho a rezar e informar a las madres, mientras se resuelve el previsible recurso de Vox al Tribunal Constitucional.
Es más: aprovechando esa “puerta trasera”, los provida incluso podrían bloquear los accesos a los abortorios, sirviéndose del permiso legal concedido por la izquierda a los sindicalistas para obligar a los trabajadores a sumarse a las huelgas. Bastaría con que hubiese varios sindicatos providas para que los abortorios se viesen constantemente salpicados por convocatorias de huelga que les impidiesen abrir sus puertas. Y cuantos más días cerrados, más vidas salvadas.
Una respuesta justa a los colosales fraudes legales del PSOE
Alguien me podrá decir que actuar de esa manera sería cometer un fraude de ley. Posiblemente. Pero el mayor fraude de ley es llamar “derecho” a matar a seres humanos inocentes e indefensos. Un fraude de ley es también conceder privilegios a los sindicalistas para poder coaccionar, y a la vez impedir a los provida rezar o repartir folletos, acusándoles de “coacción”, cuando el tipo penal de este delito no se corresponde ni remotamente con ese tipo de conductas. Con un gobierno que ha utilizado un estado de alarma para violar derechos fundamentales y que ahora pretende socavarlos con una reforma legal propia de un partido totalitario, tenemos que recurrir a todos los medios legales a nuestro alcance para resistirnos a esos aspirantes a dictadores.
Elentir
