Hay una modalidad de ‘descarte’ de personas que se hace cada día más descarada, oficial y multitudinaria, de la que participa la jerarquía eclesial en lugares como Austria, y contra la que el Papa no tiene nada en absoluto que decir. Nos referimos a la exclusión de los que se niegan a vacunarse contra el coronavirus.
El caso más paradigmático es el de Austria, tanto por ser la primera democracia occidental que obliga a vacunar con COVID-19 a toda su población adulta, y los objetores de conciencia se enfrentan a multas de 3.600 euros (4.080 dólares) al día y a penas de cárcel si se niegan a pagar las sanciones prohibitivas, como por su cultura fuertemente católica, como vieja sede del Sacro Imperio.
Allí la nueva ley, que entrará en vigor el 1 de febrero de 2022, permanecerá activa durante tres años, modificará la estricta legislación austriaca sobre protección de datos para permitir la vinculación de los registros sanitarios electrónicos privados con los registros de vacunación centralizados y afecta a los niños hasta los 14 años, de cuyo acatamiento responderán los padres.
Ante esta vulneración sin precedentes de innumerables leyes, tratados y convenciones internacionales, la iglesia nacional tenía que pronunciarse, y lo ha hecho con el habitual acto de equilibrismo moral al que empezamos a estar acostumbrados. Por un lado, los obispos parecen apoyar los derechos individuales al calificar la «vacunación obligatoria» como una «grave injerencia en la integridad física y la libertad de la persona», y, por otro, los obispos se contradicen al ofrecer al Estado carta blanca sobre la autonomía corporal.
Los obispos añaden que la vacunación obligatoria «sólo es admisible si se han agotado todas las demás posibilidades, teniendo en cuenta la proporcionalidad, para proteger a la población -en caso de pandemia-, el sistema sanitario y, por tanto, la vida humana».
Los obispos instaron a los católicos a vacunarse, citando la declaración del Papa Francisco de que «la vacunación es un acto de caridad.» Dado que «los llamamientos anteriores no han sido suficientes», se justifica la obligación legal del Gobierno de obligar al pinchazo, argumentan los obispos.
Carlos Esteban
