Sobre lo que queda de la mítica y omnipotente Secretaría de Estado cayó el golpe de gracia entre Navidad y Año Nuevo, con el
“motu proprio” del papa Francisco que le ha quitado la caja fuerte con todo lo que contenía, es decir, buena parte de esos 1.400 millones de euros que el cardenal George Pell – en los pocos meses en los que, al comienzo del pontificado, pudo actuar con el pleno mandato del Papa para hacer limpieza – había rastreado más allá de los balances vaticanos oficiales.
De ahora en adelante, entonces, lo que era el centro máximo de poder de la curia vaticana no dispondrá más ni de dinero ni de inmuebles, que pasan todos a la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), y bajo el control de la Secretaría para la Economía. De la oficina administrativa de la Secretaría de Estado sobreviven solamente la enseña y un par de escritorios, los cuales llevan las pocas cuentas de la caja con dinero para pedir cada vez a quién está a cargo. También el fondo discrecional que está a disposición del Papa no estará más custodiado por la Secretaría de Estado, sino por la APSA.
Respecto a la que ha estado en el apogeo de su historia, entonces, la Secretaría de Estado toca hoy el punto más bajo de la parábola. Pero no ha terminado, porque en los próximos meses su reputación y su poder podrían caer todavía más
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Fue Pablo VI, en los años ’60 del siglo pasado, quien le confirió el máximo de los poderes a la Secretaría de Estado, de la que él mismo provino y a la que continuó gobernando de hecho.
Y fue Juan Pablo II, en 1979, quien nombró como secretario de Estado a un cardenal de primera magnitud: Agostino Casaroli, el artífice de la Ostpolitik más allá de la Cortina de Hierro, pero también el hombre que en 1984 logró salvar a la Santa Sede y al Instituto para las Obras de Religión (IOR) de la caída del Banco Ambrosiano, con un desembolso “voluntario” de 250 millones de dólares a los bancos acreedores.
A Casaroli lo sucedió en 1991 el cardenal Angelo Sodano y en el 2006 el cardenal Tarcisio Bertone. Con los cuales la autoridad de la Secretaría de Estado se embarcó en una parábola descendente tan marcada que en el cónclave de 2013 Jorge Mario Bergoglio fue elegido con el pedido de su drástica reducción, en el marco de una reforma integral de la Curia.
De hecho, el nuevo Papa comenzó llamando a sí, como sus consejeros en la reforma de la Curia y en el gobierno de la Iglesia universal, a ocho cardenales de los cinco continentes, de los cuales excluyó deliberadamente al secretario de Estado. Y creó una nueva Secretaría para la Economía, dotada de plenos poderes y como prefecto al cardenal Pell, que ya desde el nombre hacía presagiar la sustracción de las actividades financieras a la Secretaría de Estado.
Pero este “incipit” fue rápidamente contrarrestado por los hechos. A los ocho cardenales consejeros el papa Francisco volvió rápidamente a agregar al cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado desde el 31 de agosto del 2013. Y contra la labor de depuración del cardenal Pell y del auditor Libero Milone la contraofensiva fue muy violenta, sobre todo por obra del entonces número dos de la secretaría de Estado, el sustituto Giovanni Angelo Becciu, y por el cardenal presidente de la APSA, Domenico Calcagno, ambos – en esa etapa – en gracia con el Papa, quien inesperadamente se puso de su lado.
El resultado fue que en el 2006 Francisco le quitó a Pell los poderes que le había dado inicialmente y desde allí en adelante dejó de recibir en audiencia a Milone. Al año siguiente el cardenal tuvo que dejar cada uno de sus cargos, para volver a Australia presionado por acusaciones de abuso sexual que al final se reconoció que eran infundadas – pero después de 404 días de prisión –, mientras que Milone fue
obligado a renunciar, basándose en la acusación – en realidad ni siquiera sometida a investigación judicial – de haber querido violar, con su análisis de las cuentas, “la vida privada de exponentes de la Santa Sede”.
Rechazado el ataque y protegida de cualquier control, la Secretaría de Estado pudo así continuar con sus negocios y malos negocios, en algunos casos – como en la compra del
Instituto Dermopático de la Inmaculada Concepción, un hospital en Roma propiedad de una Orden religiosa y que terminó en la quiebra – con el apoyo financiero de la APSA y de la estadounidense American Papal Foundation, todavía patrocinada en esa época por el cardenal
Theodore McCarrick.
Funcionaba la oficina administrativa dirigida por monseñor Alberto Perlasca. Pero siempre bajo la supervisión del cardenal Parolin y bajo el mando del sustituto Becciu, quien a su vez se reunía a diario con el papa Francisco y lo mantenía informado de todo.
Francesco lo sabía y lo aprobaba. Pero en el verano de 2019 el Papa se puso imprevistamente del lado de quienes se oponían a las importantes transacciones financieras en curso en la Secretaría de Estado – donde mientras tanto el venezolano Edgar Peña Parra había sucedido a Becciu, promovido a cardenal, en el rol de sustituto -: la compra de un gran edificio en un prestigioso distrito de Londres, en el no. 60 de Sloane Avenue.
La operación, mal realizada por medio de operadores externos poco confiables, tuvo una pérdida desastrosa, y para remediar la situación la Secretaría de Estado había pedido ayuda al IOR. Donde el papa Francisco tuvo y tiene en roles cruciales a dos hombres nombrados por él y de estricta obediencia: el director general Gian Franco Mammì, en el pasado curador de los clientes del Banco del Vaticano en América Latina y desde entonces cercano a Bergoglio, y el «prelado” Battista Ricca, ex diplomático de carrera llamado a Roma por sus
intemperancias homosexuales, pero absuelto públicamente por el papa Francisco, al comienzo de su pontificado, con la famosa frase: “¿Quién soy yo para juzgar?”.
El hecho es que el IOR no solo se negó a socorrer a la Secretaría de Estado con un préstamo, sino que consideró que toda la operación de Londres era incorrecta y presentó una denuncia ante el tribunal del Vaticano, involucrando también a la Autoridad de Inteligencia Financiera, AIF, entonces presidida por el financista suizo René Brüelhart y dirigida por Tommaso Di Ruzza, yerno del ex gobernador del Banco de Italia, Antonio Fazio.
Hoy, a más de un año de distancia, las investigaciones judiciales vaticanas parecen todavía en alta mar y el proceso está lejos de llegar a una conclusión. Mientras tanto Francisco ha emitido una avalancha de condenas,
totalmente arbitrarias.
El 1 de octubre de 2019 hizo allanr las oficinas por parte de la gendarmería pontifica y suspendió del servicio al director de la AIF, Di Ruzza, y a cuatro funcionarios de la Secretaría de Estado, entre ellos el ex secretario de Becciu, monseñor Mauro Carlino.
Pocos días después despidió al comandante de la gendarmería, Domenico Giani, para confesar posteriormente, el 26 de noviembre, en el vuelo de regreso de su viaje a Tailandia y Japón, haber ordenado él, el Papa, el allanamiento.
El 18 de noviembre puso en la puerta a Brüelhart y recibió las dimisiones de la AIF de otros dos miembros del consejo directivo, el suizo Marc Odendall y el estadounidense Juan Carlos Zárate, indiferente, el Papa, al hecho que a posteriori de los allanamientos del 1 de octubre el Grupo Egmont – la red de las “inteligencias” de 164 Estados y del que la Santa Sede forma parte – había excluido a la AIF de este circuito por la acontecida violación de informaciones reservadas.
El 20 de enero despidió definitivamente, después de haberlo suspendido, a Di Ruzza, ex director de la AIF.
En febrero del 2020 removió como director de la oficina administrativa de la Secretaría de Estado a monseñor Perlasca, trasladándolo provisoriamente a promotor de justicia adjunto del tribunal supremo de la Signatura Apostólica.
El 30 de abril sacó a Perlasca también de allí, enviándolo a su diócesis de origen, Como, y despidió definitivamente también a otros tres de los suspendidos el 2 de octubre: monseñor Carlino y a los dos laicos, Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, éste último ex brazo derecho de Perlasca.
El 24 de setiembre, por último, removió a Becciu como prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos y lo despojó nada menos que todos sus “derechos” de cardenal, incluida la participación en un cónclave.
Inútil agregar que esta explosión de condenas emitidas por el papa Francisco, no sólo antes de cualquier proceso, sino también sin ni siquiera formular alguna acusación específica ni asegurar el mínimo derecho a la defensa, estuvo acompañada – en la Secretaría de Estado y entre los mismos golpeados por estas medidas – una guerra de todos contra todos, en particular de Perlasca contra Becciu.
¿Y el cardenal Parolin? cos, visto el desastre en las oficinas del Vaticano bajo su mando.
Que Francisco ya haya tomado nota de esta pérdida de autoridad de Parolin lo prueba al menos un indicio reciente: la destitución del secretario de Estado, por primera vez, de la comisión de cardenales que supervisa el IOR, renovada por el Papa el 21 de septiembre pasado. .
Pero además de esta llamativa expulsión, también cuentan en la mencionada comisión los “nuevos ingresos”, en particular las de tres cardenales privados de cualquier competencia en materia financiera: el polaco Konrad Krajewski, limosnero apostólico, el italiano Giuseppe Petrocchi, arzobispo de Aquila, y el filipino Luis Antonio Gokim Tagle, prefecto de “Propaganda Fide”.
Así como para Ricca en el IOR, también él para nada familiarizado con las finanzas.
Así como para el arzobispo Nunzio Galantino en la presidencia de la APSA. Seguramente no han sido sus estudios juveniles sobre los teólogos Dietrich Bonhoeffer y Romano Guardini, sino solamene su cercanía al Papa para habilitarlo a ser ante todo el secretario de la Conferencia Episcopal Italiana – que ciertamente no lo lamenta –, ni mucho menos, desde el 2018, para presidir lo que es el Banco central y la caja fuerte de la Santa Sede.
Así como para el cardenal Kevin Farrell a la cabeza del neonato organismo vaticano para las “materias reservadas”, es decir, las operaciones financieras que hay que mantener en secreto. Su promoción no ha derivado ciertamente por haber cohabitado desde el 2002 al 2006 con el entonces arzobispo de Washington, Theodore McCarrick, sin haber tenido jamás “algún motivo para sospechar” algunos de los desórdenes sexuales de su superior, sino por ser un discípulo de Francisco.
Y así como para el obispo argentino Gustavo Óscar Zanchetta, muy amigo de Bergoglio e increíblemente llamado a Roma por el Papa en su rol inédito de “asesor” de la APSA, a pesar de que en su patria haya dado de sí un pésimo ejemplo de administrador de su diócesis y ahora tenga en curso también
un proceso por abusos sexuales con seminaristas.
La paradoja es que con tales personajes el papa Francisco ha estado poniendo en movimiento desde hace algunos meses ese proceso de limpieza y reorganización de las finanzas del Vaticano que inicialmente y durante un tiempo había confiado al cardenal Pell, contradiciendo luego sus directrices durante mucho tiempo.
Afortunadamente, hay que destacar que junto a Ricca y Zanchetta también hay personalidades de probada competencia financiera en anteriores puestos de alto nivel, como el secretario de la APSA, Fabio Gasperini, el nuevo presidente de la ASIF (Autoridad de Supervisión e Información Financiera), Carmelo Barbagallo, el presidente del IOR, Jean-Baptiste Douville de Franssu, y el auditor general Alessandro Cassinis Righini.
Pero de Francisco se puede esperar todo y todo lo contrario. Si pasamos de la gestión financiera a una visión más general de la economía, la contradicción también triunfa en él. Se ha visto esto con motivo de la reciente iniciativa pontificia titulada
«Economía de Francisco«, en la que el Papa, vistiendo el hábito de su santo homónimo de Asís, propuso al mundo «un pacto para cambiar la economía actual», de hecho, para derrocarla radicalmente sobre la ola de los “movimientos populares”, excepto para inmediatamente después elegir al
“Concejo para el Capitalismo Inclusivo” como su socio en la empresa, es decir, a los magnates de la Fundación Ford, Bank of America, British Petroleum, Fundación Rockefeller y similares.
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Volviendo a la Secretaría de Estado, de ahora en adelante so queda un terreno sobre el que operar: el de la diplomacia.
Donde en estos últimos años ciertamente no ha cosechado ningún éxito, visto el resultado hasta aquí decepcionante del acuerdo secreto firmado en 2018 con Beijing sobre el nombramiento de obispos en China.
Pero sus tribulaciones tampoco han terminado en el ámbito financiero. Le han robado la caja fuerte, pero aún tendrá que responder por las operaciones realizadas hasta el momento.
Y hay una que es particularmente caliente. Se trata de esa enorme masa de dinero que desde la Secretaría de Estado habría partido hacia Australia, antes y durante la dolorosa repatriación del cardenal Pell.
En un principio había salido a la luz el monto transferido por un total de 800 mil euros, luego se cuantificó en casi 2 millones, pero en los últimos días el Australian Transaction Reports and Analisys Center, la agencia que se ocupa de delitos financieros, lo
certificó en 2.300 millones de dólares australianos, equivalentes a mil 400 millones de euros, transferidos desde el Vaticano a Australia en los últimos seis años, con más de 47.000 transacciones.
El presidente de la Conferencia Episcopal Australiana, el arzobispo de Brisbane, monseñor Mark Coleridge, al expresar su asombro por “la asombrosa dimensión de las transferencias”, afirmó que los obispos australianos nunca supieron nada de todo esto y mucho menos saben a quién se habria devuelto ese dinero y por qué.
Incluso en el Vaticano, fuentes anónimas manifiestan incredulidad. Pero la Secretaría de Estado no podrá eludir el deber de aclararlo. 2021 será otro año de cardos y espinas.
Sandro Magister
