El virus llegó y puso a prueba al Gobierno español, y el Gobierno español fracasó. Igual, pero diferente, que fracasaron todas las estructuras del Estado que se demostraron incapaces de enfrentarse a una enfermedad inesperada que ha matado al 0,2 por ciento de la población española, con especial incidencia en los ancianos que fueron desahuciados en triajes de guerra porque no había respiradores, ni camas, ni sociofeministas honrados.
Para tapar ese fracaso, el Gobierno de inútiles presidido por el presidente Sánchez (aprovechamos para saludar al algoritmo que por el módico precio de 73 millones de euros avisa a La Moncloa de cualquier comentario negativo que se haga de su persona), tiró por la calle del totalitarismo y ordenó dos estados de alarma ilegales que tras la sentencia del Constitucional deberían haber causado la caída inmediata del Gobierno. No hace falta insistir en el desastre que para la economía de una nación que todavía no había salido de la crisis de las subprime gestionada con la eficacia socialista tradicional (es decir, mal), supuso la presencia del peor Gobierno totalitario posible en el peor momento posible.
Pero el Ejecutivo del «no dejaremos a nadie atrás», que en cuanto pudo echó la patata caliente a las comunidades autónomas con la pérfida ‘cogobernanza’ y que en el colmo del cinismo colocó etiquetas gigantes rotuladas como ‘Gobierno de España’ en vacunas de farmacéuticas privadas extranjeras compradas por la Unión Europea, no podía aparentar ante la opinión pública su inutilidad absoluta. Y entre oleada y oleada de virus chino, se inventó unos comités de expertos que obligaron a los españoles a taparse la boca.
Fact check: las mascarillas que hemos llevado durante dos años no han servido para nada. O para casi nada. Si acaso como un recuerdo permanente de que era necesario que los españoles fuéramos responsables ante la irresponsabilidad de nuestros gobernantes. Pero la evidencia científica —que es a lo que apela siempre el Gobierno que se inventó comités de expertos— es la de que las mascarillas, y sólo algunas de ellas, sólo sirven para prevenir la infección en entornos sanitarios. Fuera de ahí, con mascarillas inadecuadas y con un uso inapropiado o intermitente, las medidas coercitivas para su uso sólo han servido para el control de la población por parte de un Gobierno totalitario que tenía que aparentar que hacía algo y de unas comunidades autónomas desquiciadas, unas más que otras. Todo lo anterior es un hecho, como lo ha demostrado el Centro de Investigación y Políticas de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Minesota en todos los estudios que ha llevado a cabo sobre el uso de mascarillas y en los que jamás ha encontrado una evidencia sólida de su utilidad.
Desde hoy, el Gobierno de la penuria y la incompetencia, el mismo que hace ya mucho tiempo que no habla de la fallida tercera dosis de refuerzo de la vacuna ni de los pasaportes verdes, nos devuelve la libertad de no usar la mascarilla en interiores con un decreto confuso que, eso sí, nos obligará a llevar en el bolsillo un cubrebocas inútil por si las excepciones. En resumen: la pandemia, la misma de la que sólo habría uno o dos casos como máximo, queda hoy, dos años y un mes después, alrededor de 150.000 muertos, desplomada la economía, con un IPC de dos cifras, ni un solo político que haya dimitido por su incompetencia y ni un solo juzgado investigando la presunta negligencia criminal de nuestros gobernantes, extinguida por decreto.
Lo único que está claro es que también era mentira que saldríamos más fuertes
