La falta de respeto a la dignidad de la persona
El último de los motivos en los que se funda este rechazo global a la Comunicación se basa en la dignidad ontológica de la persona, cuyo reconocimiento constituye una cuestión nuclear del ordenamiento jurídico, pues “el Derecho existe, ante todo, por causa del hombre y para el hombre”.
Este reconocimiento se concreta de manera radical en el derecho a la vida, presupuesto sin el cual los restantes derechos carecerían de toda entidad. La privación de este derecho supone la privación de todo derecho, por cuanto el mismo es condición de todos los demás. Constituye, en definitiva, la negación práctica de la dignidad del ser personal.
De esta manera, toda acción política debe estar inspirada en el respeto a la dignidad humana y a los derechos que le son inherentes, teniendo como razón última el bien común.
Sin embargo, desde que se inició la XIV Legislatura, la acción del Gobierno de la Nación ha ido en dirección contraria. Desde los poderes públicos se ha implantado la llamada cultura de la muerte. Esta imposición ideológica, que se potenció durante el mandato del Sr. Rodríguez Zapatero con la aprobación de la Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que consagró el aborto libre y que no fue revertida durante la posterior mayoría absoluta del Partido Popular, ataca frontalmente la dignidad y la vida de las personas.
El Gobierno del Sr. Sánchez Pérez-Castejón ha consolidado la deriva ideológica que España padece en los últimos años, independientemente del partido que ocupe el Ejecutivo. Esta consolidación se materializó en la aprobación el pasado año de la Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de regulación de la eutanasia, que vulnera frontalmente el artículo 15 de la Constitución, en virtud del cual el Estado tiene la obligación de proteger el bien jurídico de la vida.
A este nuevo hito de la cultura de la muerte y del descarte se ha unido la modificación del Código Penal para calificar como delincuentes a quienes acuden a los centros abortistas a rezar e informar sobre las consecuencias de abortar a las mujeres que se desplazan hasta ellas. De nuevo, estamos ante un atentado contra los derechos fundamentales a la libertad de expresión y de reunión, e incluso contra la libertad de aquellas personas que simplemente quieren rezar en un lugar determinado.
Por si fuera poco, el Ejecutivo de coalición ya ha anunciado una nueva reforma de la Ley del aborto que, de ser aprobada, permitiría a las mujeres embarazadas abortar a partir de los 16 años sin necesidad del consentimiento previo de los padres. Con esta nueva Ley se pretenderá también blindar el acceso al aborto en los centros públicos, amenazando el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud.
En definitiva, el Gobierno socialcomunista indulta a terroristas, pero pretende meter en prisión a quien quiere ayudar e informar a las mujeres embarazadas de los efectos adversos que conlleva el aborto. Asimismo, asumiendo la ideología de género, permite a los menores cambiar de sexo sin informes médicos ni autorización de sus padres.
En contraste con esta execrable agenda gubernamental, VOX va a trabajar para que esta cultura de la muerte se convierta en una Cultura de la Vida, que comienza por la derogación inmediata de las leyes que atentan contra el derecho a la vida y sigue por un apoyo decidido y sin reservas a las mujeres, a la maternidad y paternidad y a la familia, poniendo a disposición de los españoles todos los medios que les permita tener hijos y mantenerlos con garantías.
El aborto o la eutanasia vulneran principios básicos que deben ser defendidos, y el papel del Estado, como se ha señalado anteriormente, no puede ser otro que el de velar por la protección de toda vida humana y, especialmente, la de los más vulnerables.
En conclusión, es necesario salvaguardar jurídicamente el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural y acabar con la Cultura de la Muerte que, por desgracia, representa este Gobierno.
