En España estamos asistiendo a la escandalosa pretensión de la izquierda de otorgar una amnistía a los autores del golpe separatista de 2017.
Esa amnistía, que fue rechazada en varias ocasiones por el propio Pedro Sánchez y por once de sus ministros, es defendida ahora por el Partido Socialista (PSOE) por mera conveniencia política: después de perder las elecciones del 23 de julio, los socialistas necesitan el apoyo de los separatistas de Junts, que han puesto esa condición ilegal como precio a su apoyo, y en vez de rechazarla, han decidido pisotear el Estado de Derecho, poniendo sus intereses partidistas por encima del respeto a la Constitución. Algunos creen que esto es una traición a un supuesto pasado de honradez del PSOE: nada más lejos.
Francisco Largo Caballero, presidente del PSOE cuando este partido encabezó el golpe de Estado de octubre de 1934 contra un gobierno democrático de centro-derecha (Foto: Bibliothèque nationale de France).
Los inicios golpistas del PSOE: de 1910 a 1934
Como ya vimos aquí en 2018, el PSOE sostuvo una retórica golpista desde su fundación por Pablo Iglesias, que el 7 de julio de 1910 pronunció un incendiario discurso en las Cortes en el que dijo: "estará en la legalidad mientras la legalidad le permita adquirir lo que necesita; fuera de la legalidad, como han estado todos los partidos, cuando ella no le permita realizar sus aspiraciones". Es una clara descripción de lo que sigue haciendo el PSOE en la actualidad.
Durante la Segunda República, el PSOE siguió alimentando esa retórica golpista de la mano de Francisco Largo Caballero, que amenazó varias veces con una guerra si la derecha ganaba las elecciones y accedía al gobierno, una victoria electoral que se produjo en noviembre de 1933. Los derechistas de la CEDA tardaron meses en acceder al gobierno de Lerroux por miedo a esas amenazas, y cuando por fin lo hicieron, el PSOE encabezó un sangriento golpe de Estado en octubre de 1934, con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) encabezando otro sangriento golpe simultáneo en Cataluña.
Lluís Companys -en el centro- y otros miembros del gobierno catalán tras su detención después del sangriento golpe de Estado que perpetraron el 6 de octubre de 1934 contra la Segunda República.
La izquierda violó la Constitución de 1931, que prohibía los indultos generales
Muchos cabecillas y participantes de esos dos golpes fueron detenidos y acabaron en prisión, entre ellos el entonces líder de ERC, Lluís Companys. De cara a las elecciones de febrero de 1936, la izquierda formó una coalición, el Frente Popular, que se marcó como objetivo amnistiar a los golpistas. Las elecciones se celebraron el 16 de febrero de ese año y la izquierda, ayudada de un fraude electoral, consiguió la mayoría absoluta. Cinco años antes, esa misma izquierda había aprobado sin referéndum la Constitución de 1931, cuyo Artículo 102 afirmaba lo suguiente:
"Las amnistías sólo podrán ser acordadas por el parlamento. No se concederán indultos generales. El Tribunal Supremo otorgará los individuales a propuesta del sentenciador, del fiscal, de la Junta de Prisiones oa petición de parte".
Es algo parecido a lo que dice la Constitución de 1978, hoy vigente, en su Artículo 62, que no admite los indultos generales. La izquierda violó la Constitución que ella misma aprobó y aprobó una amnistía general pocos días después de las elecciones. Fue aprobada mediante un decreto ley el viernes 21 de febrerio de 1936 por un consejo de ministros presidido por Manuel Azaña. El texto fue publicado en La Gaceta de Madrid el 22 de febrero. El preámbulo decía lo siguiente:
"Siendo inequívoca la significación del resultado de las elecciones a Diputados a Cortes en cuanto a la concesión de una amnistía por delitos políticos y sociales, en favor de la cual se ha pronunciado la mayoría del Cuerpo electoral, y tratándose de una medida de pacificación conveniente al bien público y a la tranquilidad de la vida nacional, en qué están interesados por igual todos los sectores políticos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, a propuesta de su Presidente y previa la aprobación de la Diputación permanente de las Cortes".
El preámbulo manejaba unos cínicos argumentos muy parecidos a los que ahora maneja la izquierda española: primero dan un golpe de estado contra un gobierno democrático y luego se conceden un perdón general como una "medida de pacificación". España vio como los golpistas que asesinaron a decenas de personas para después quedar impunes.
Golpistas armados con fusiles durante el golpe de Estado encabezado por el PSOE en octubre de 1934, durante la Segunda República.
Un decreto arbitrario que permitía al gobierno decidir a quién indultar
El decreto ley de amnistía constaba de un único artículo, que afirmaba lo siguiente:
"Artículo único. Se concede amnistía a los penados y encausados por delitos políticos y sociales. Se incluye en esta amnistía a los Concejales de los Ayuntamientos del País vasco condenados por sentencia firme".
El texto ni siquiera se molestó en precisar a qué delitos se refería: los relacionados con el golpe de 1934. Simplemente, los englonó sin más en la categoría de "delitos políticos y sociales", dejando en manos del gobierno qué delitos debían calificarse así, lo cual era una total arbitrariedad. Julio Gil Pecharromán estimó en 30.000 los beneficiados por la amnistía.
Militares y guardias civiles mostrando los fusiles incautados a los golpistas tras sofocar el golpe de Estado de 1934 en Asturias.
Apaciguar a los golpistas sólo sirvió para destrozar la convivencia en España
La gran ilusa en este proceso fue la derecha. La CEDA, que había sido víctima del golpe, apoyó la amnistía en un intento de apaciguar a una izquierda muy radicalizada. Como ocurriría años más tarde con los intentos de Francia y el Reino Unido de apaciguar a Hitler, eso sólo sirvió para alentar a los totalitarios: la izquierda desató una brutal ola de violencia política, que el propio líder de la CEDA, José María Gil Robles, expuso en las Cortes el 16 de junio de 1936:
"Desde el 16 de febrero hasta el 15 de junio último un resumen numérico arroja los siguientes datos: iglesias totalmente destruidas, 160; asaltos de templos, incendios sofocados, destrozos e intentos de asalto, 251; muertos, 269; heridos de diferente gravedad, 1.287; agresiones personales frustradas o cuyas consecuencias no constan, 215; atracos consumados, 138; tentativas de atracos, 23; centros políticos y particulares destrozados, 69; idem asaltados, 312; huelgas generales, 113; huelgas parciales, 228; periódicos totalmente destruidos, 10; asaltos a periódicos e intentos de asaltos y destrozos, 33; bombas y petardos que estallan, 146; recogidos sin estallar, 78".
La Iglesia de San Luis Obispo en Madrid. Era un templo del siglo XVII y estaba situada en la calle de la Montera. Fue incendiada por izquierdistas tras las elecciones de febrero de 1936. La Guardia de Asalto, que estaba 200 metros de la iglesia, no hizo nada porque había recibido órdenes del Gobierno izquierdista de no actuar (Foto: Efe).
En contra de lo anunciado por la izquierda y de los deseos de la derecha, aquella amnistía sólo sirvió para acabar de destrozar la convivencia en España, en la que gobernaba una izquierda que se sentía impune después de dar un sangriento golpe de Estado y no habiendo pasado los autores ni un año y medio en prisión. Esa sensación de impunidad fue la que llevó a los socialistas al asesinato de José Calvo Sotelo, uno de los líderes de la derecha parlamentaria, el 13 de julio de 1936. Unos días después estalló la Guerra Civil. Esto es lo que deberían recordar quienes hablan de un PSOE "bueno" que nunca existió, más allá de excepciones como la de Julián Besteiro y algunos otros como él.
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Foto principal: Archiwa Państwowe. Primera reunión del gobierno del izquierdista Manuel Azaña después de las elecciones de febrero de 1936.
