En las últimas horas, muchos españoles hemos asistido atónitos al traslado masivo de inmigrantes ilegales desde Canarias a la Península.
El gobierno traslada a miles de inmigrantes ilegales con una gran opacidad
El gobierno ha informado que los inmigrantes trasladados sumarían 5.000 en total. El traslado de estos inmigrantes ilegales se ha hecho con una gran opacidad del gobierno de Pedro Sánchez, lo que ha provocado quejas de gobiernos autonómicos y municipales. En algunos casos estos inmigrantes están siendo alojados en hoteles, incluso de alta categoría, pagados por el gobierno con el dinero de los contribuyentes.
Ese traslado masivo puede acarrear problemas lógicos de inseguridad: hablamos de cientos de personas que ni estudian ni trabajan, y que podrán deambular libremente por España durante un plazo de uno a tres meses. Hay que tener en cuenta, además, dos detalles muy importantes: esos inmigrantes han llegado desde países islámicos y en muchos casos se desconocen sus identidades.
Un grave riesgo para la seguridad en una alerta 4 antiterrorista
Al permitir que estos inmigrantes ilegales puedan deambular libremente por España, el gobierno está incumpliendo su deber de velar por la seguridad de los españoles y también del resto de los europeos, ya que una vez que están en España, esas personas pueden beneficiarse del Tratado de Schengen, por el cual se suprimieron las fronteras interiores en la Unión Europea. Actualmente, España está en alerta 4 antiterrorista, por un riesgo alto de amenaza. Un nivel que se ha reforzado estos últimos días tras el ataque terrorista de Hamás contra Israel y las amenazas yihadistas para trasladar esa violencia terrorista a Europa, unas amenazas que ya se cumplieron en el caso de Bélgica hace unos días.
Parece que el gobierno de Pedro Sánchez, muy ocupado con dar cumplimiento a los caprichos ilegales de sus socios separatistas, ha olvidado que su deber es velar por la seguridad de los españoles empezando por nuestras fronteras y aguas territoriales, que en el caso de nuestras fronteras terrestres en Ceuta y Melilla y de nuestras aguas territoriales en Canarias, son también los límites de la Unión Europea.
Una locura cuyos responsables deberían ser llevados a los tribunales
En condiciones normales es una grave irresponsabilidad repartir por España a miles de inmigrantes ilegales, dejándolos sin ningún control (porque parece muy poco probable que vayan a estar permanentemente vigilados), pero en las actuales condiciones es una auténtica locura por parte del gobierno, que parece empeñado en dar todas las facilidades a cualquier yihadista que haya decidido aprovechar esa oleada de inmigrantes ilegales para llegar hasta nuestras calles.
Ante lo que estamos viendo, el gobierno no sólo debería dimitir de inmediato por esta grave negligencia, con la que nos expone a los españoles a notables riesgos en materia de seguridad, sino que además los responsables de haber tomado esa decisión deberían ser llevados ante la Justicia. España no debe estar gobernada por unos irresponsables que exponen a los ciudadanos a un riesgo así en una situación de alerta antiterrorista, un riesgo que no afecta a nuestros gobernantes porque ellos gozan de una protección que los demás no tenemos, pero además esa irresponsabilidad no puede salir gratis en términos legales y penales.
ELENTIR
