El Gobierno de Pedro Sánchez continúa cimentando su trayectoria hacia un estado cada vez más controlador, policial y represivo. La creación de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (Aesia), que estará operativa en 2025, supone un nuevo y preocupante ataque a la libertad de expresión bajo el pretexto de la regulación tecnológica. Este organismo, cuya excusa es la de supervisar y sancionar el supuesto «mal uso» de la Inteligencia Artificial (IA), en realidad es una herramienta destinada a instaurar un sistema censor que limite aún más las voces disidentes en nuestro país.
Un marco sancionador disfrazado de regulación
La Aesia comenzará sus inspecciones en febrero de 2025 y, a partir de agosto del mismo año, tendrá plenas competencias sancionadoras. Con sede en A Coruña, este organismo dependerá del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López. Según la información facilitada por el Ejecutivo en el Congreso, contará con 80 empleados y un presupuesto inicial proporcionado por el Ministerio.
Aunque oficialmente, y como excusa para su implantación, su propósito es garantizar el desarrollo responsable de la IA, resulta evidente que su verdadera misión va mucho más allá. La Aesia, en lugar de limitarse a establecer criterios éticos para la tecnología, se convertirá en un brazo represivo para atacar cualquier noticia o contenido generado por IA que no se alinee con las narrativas del Gobierno
Censura al servicio de un estado policial
El despliegue de la Aesia no debe analizarse en un vacío. Se suma a un conjunto de medidas tomadas por el Ejecutivo de Sánchez que apuntan a su afán de controlar la información. Desde la Ley de Memoria Democrática hasta las restricciones en redes sociales, el Gobierno ha mostrado su predisposición a coartar la libertad de expresión bajo diferentes excusas.
En este caso, la Inteligencia Artificial se presenta como la bandera de una regulación necesaria, pero la historia nos enseña que estas iniciativas tienden a derivar en sistemas punitivos.
Las multas previstas para el «mal uso» de la IA no solo afectarán a grandes corporaciones, sino también a pequeñas empresas, pymes y startups, generando un clima de autocensura.
La estrategia del Estado policial
El control de las tecnologías emergentes es una táctica habitual de dictaduras y tiranías comunistas. Al centralizar la supervisión de la IA en un organismo estatal, Sánchez asegura que cualquier herramienta que pueda poner en evidencia las irregularidades de su Gobierno esté bajo su dominio. La posibilidad de que la Aesia censure noticias o investigaciones generadas por IA es alarmante, y más aún si consideramos el creciente uso de estas tecnologías en medios de comunicación independientes.
Según los datos proporcionados por el propio Gobierno, la Aesia no solo inspeccionará prácticas prohibidas de IA, sino que también tendrá potestad para sancionar, lo que incluye la capacidad de determinar qué contenidos cumplen o no con la normativa. Esto abre la puerta a un sistema en el que cualquier información contraria al Ejecutivo podría ser eliminada o castigada.
Un paso más hacia el control total
El nacimiento de la Aesia confirma la deriva dictatorial de Sánchez. Bajo el pretexto de proteger a los ciudadanos, el Gobierno se asegura de tener la capacidad de silenciar cualquier voz discordante. ¿Quién decidirá qué prácticas de IA son aceptables? ¿Cómo se garantizará que la supervisión no se convierta en censura? Estas preguntas quedan sin respuesta mientras el Ejecutivo sigue avanzando hacia un modelo de control absoluto.
Las sociedades y el estado de derecho no se consolidan permitiendo que los Gobiernos coarten las libertades individuales, sino garantizando un equilibrio entre regulación y derechos fundamentales. La creación de la Aesia, lejos de ser una medida para el desarrollo ético de la IA, es un nuevo capítulo en la construcción de un estado policial donde la libertad de expresión se encuentra cada vez más amenazada.
